Habría que aplicar también el principio de “quién descontamina recibe una compensación”. Este enfoque mejoraría las políticas actuales tanto en términos de eficiencia como de equidad. Implicaría no solo que los poderes públicos incrementen sus ingresos fiscales, sino también que, olvidando afanes recaudatorios, dediquen parte de esos ingresos a compensar a los capturadores de carbono.
La iniciativa del Real Decreto 163/2014 que a priori se puede calificar de muy interesante para los propietarios, ha nacido con una tara que ha desincentivado su expansión: el Gobierno ha diseñado un mercado imperfecto, en el que no se puede conocer el precio que cada empresa paga a cada propietario en cada proyecto de absorción incluido en el citado registro.
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